Mayorkas, el latino propuesto por Biden para dirigir Inmigración, sí fue investigado en 2015 por "influencia inapropiada" en visas de inversionistas y esto fue lo que pasó

El cubanoestadounidense Alejandro Mayorkas es el primer latino inmigrante que ocuparía la secretaría del Departamento de Seguridad Nacional ( Homeland Security, DHS) si el Senado lo ratifica, una vez que el presidente electo Joe Biden jure su cargo.

Biden anunció oficialmente el nombramiento de Mayorkas, el 24 de noviembre. Mayorkas nació en Cuba en 1959 - cumplió 61 años el día de su postulación oficial - y es hijo de refugiados judíos. Cuando tenía un año, emigró con su madre y su padre a Estados Unidos. Llegaron a Miami primero y al poco tiempo se mudaron a California, donde Mayorkas llegó a ser fiscal de Estados Unidos para el Distrito Central de ese estado.

Todas estas credenciales han aparecido en los diversos perfiles que se han publicado sobre Mayorkas, y también en sus biografías de los cargos que ya había ocupado en el DHS: entre 2009 y 2013, fue director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS en inglés), y entre 2013 y 2016, trabajó subsecretario del DHS.

El nombre de Mayorkas se asocia a la creación de DACA, la acción ejecutiva de 2012 que ampara de la deportación a entre 650,000 y 800,000 jóvenes que llegaron sin documentos a Estados Unidos con sus padres cuando eran niños.

Si el Senado lo ratifica como secretario del DHS, Alejandro Mayorkas tiene como reto abordar y revertir, ya en primera línea, las grandes deudas que deja con la inmigración el gobierno saliente de Donald Trump - una promesa de Biden en su programa -. Pero también tiene Mayorkas en sus antecedentes una gestión y una parte de la obra de la administración de Obama, quien en verano de 2016 se convertía en el presidente que más expulsiones de Estados Unidos había realizado en los últimos 30 años.

Para esta verificación revisamos una investigación a Mayorkas por parte de la Inspectoría General del DHS en 2015 y un artículo de opinión que Mayorkas publicó el 16 de septiembre de 2020 en Univision Noticias, poco menos de dos meses antes de las elecciones presidenciales, en el contexto de la campaña electoral.

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La investigación del inspector general del DHS a Mayorkas

Es cierto que John Roth, el entonces Inspector General del DHS, publicó en 2015 la investigación que durante tres años le hizo a Alejandro Mayorkas, por acusaciones de empleados de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) de que Mayorkas supuestamente ejerció “una influencia inapropiada” en el curso ordinario del procesamiento y la adjudicación de solicitudes de visas EB-5, cuando era director de USCIS. Desde 1990, este programa permite al la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración otorgar visas de residencia legal y permanente en Estados Unidos a inversionistas extranjeros que coloquen capitales de $500,000 o $1 millón y creen empleos para al menos 10 trabajadores estadounidenses cualificados a tiempo completo.

Cuando salió este informe, Mayorkas ya era subsecretario del DHS. La investigación se concentró en tres casos a los que se refieren como tratamientos favorables: un proyecto de un casino, a petición del senador Harry Reid; una compañía de autos eléctricos de la que era directivo Terry McAuliffe, quien luego, para el momento de la investigación era gobernador de Virginia, y proyectos cinematográficos en Los Angeles “después de que estuvo en contacto con partes interesadas políticamente prominentes asociadas con la empresa”.

“El señor Mayorkas se comunicó con partes interesadas en asuntos sustanciales fuera del proceso de adjudicación normal, e intervino con personal de carrera de USCIS en maneras que beneficiaron a las partes interesadas. En cada una de estas tres instancias, si no hubiera sido por la intervención de Mayorkas, el tema se habría decidido de forma diferente”, dice la investigación.

Y agrega: “La yuxtaposición de la comunicación del señor Mayorkas con las partes interesadas externas sobre asuntos específicos fuera de los procedimientos normales, junto con la acción favorable que se desvió del esquema regulador diseñado para asegurar la equidad y la imparcialidad en la adjudicación de los beneficios, creó una apariencia de favoritismo y acceso especial”.

La investigación de la inspectoría general de DHS duró tres años y adjunta la respuesta de Mayorkas de 32 páginas, en las que dijo, entre otras cosas, que “nunca di un tratamiento preferencial en ningún caso, (visas) EB-5 u otro”. “Me involucraba con un caso de EB-5 cuando me enteraba de él y [yo] servía como un vehículo para considerar un asunto de política, legal o de proceso más amplio”, escribió. Y agregó: “Mi práctica general cuando una parte interesada me contactaba directamente era acusar recibo e informar al personal directivo del Servicio, ya fuera copiando a los supervisores de USCIS y abogados directamente en los emails con las partes interesadas, o reenviándoles las comunicaciones inmediatamente después”.

Los periodistas Matthew Mosk y Brian Ross reportaron para ABC News que, por esta investigación, senadores republicanos boicotearon las audiencias para la confirmación en el Senado de Mayorkas como subsecretario de DHS. Las audiencias siguieron sin los republicanos y Mayorkas quedó confirmado en ese cargo. En esas audiencias, dijo: “Nunca en mi carrera he ejercicio influencia indebida para [cambiar] el resultado de un caso”.

Preguntamos al equipo de Biden-Harris si Mayorkas tenía algo más que decir sobre la investigación y no respondieron a esa pregunta. Por otra parte, Stephen Legomsky, quien fue jefe legal del USCIS cuando Mayorkas era su director, dijo que “no encontró evidencias” de que Mayorkas hubiera hecho "nada inapropiado". "Como jefe legal, si hubiera habido alguna irregularidad yo probablemente lo hubiera sabido, y no fue así", nos comentó.

Lo que escribió Mayorkas en septiembre de 2020

En un artículo de opinión que escribió Mayorkas para Univision Noticias y se publicó el 17 de septiembre del 2020, en español y en inglés, se refiere en particular a Cuba y a Venezuela, y al daño que, a su juicio, ha hecho el presidente Trump a los ciudadanos de este país, “la misma gente que nuestras leyes humanitarias están diseñadas para proteger”, al “deportar cubanos que buscan asilos en nuestro país y negarse a otorgar un estatus de protección a venezolanos en EEUU”.

En esa pieza editorial, Mayorkas usó datos que a continuación verificamos en El Detector.

Las deportaciones de cubanos

"Él [Trump] ha deportado cubanos que buscan protección en Estados Unidos y ha ignorado los alegatos de persecución, desafiando las leyes de asilo de nuestro país”.

Es cierto que año tras año durante el gobierno de Donald Trump, el número de deportaciones de cubanos desde Estados Unidos creció, como detallaremos.

Pero hay un asunto fundamental que Mayorkas omite en estos datos y que sirve de contexto: el gobierno saliente de Barack Obama abrió el camino para permitir el aumento de las expulsiones de los ciudadanos de Cuba del territorio estadounidense. El 12 de enero de 2017, apenas ocho días antes de dejar el gobierno y de que se juramentara Donald Trump como presidente, Obama anunció el fin de la política de “pies secos/pies mojados”. "Con efecto inmediato, los nacionales de Cuba que traten de entrar en Estados Unidos de forma ilegal y no califiquen para el alivio humanitario, serán sujetos de expulsión, de acuerdo con la ley de Estados Unidos y las prioridades de su cumplimiento”, informaba Obama, en una declaración, del término de esa política diseñada, agregó, “en una era distinta”.

Desde 1995, cuando Bill Clinton era el presidente, la “pies secos/pies mojados” había favorecido a los migrantes cubanos que lograban tocar suelo estadounidense. Si lo hacían, podían llegar a quedarse en el país de forma legal, con autorización para trabajar y el acceso a beneficios sociales. Después de un año, podían solicitar la residencia permanente ( green card), siguiendo la Ley de Ajuste Cubano. La política de “pies secos/pies mojados” era un memorando de esa ley y comenzó un año después de la avalancha de personas que se lanzaban al mar en embarcaciones desde la isla hacia Miami, la llamada “ crisis de los balseros de 1994”. Como recuerda un reporte de Univision Noticias, el régimen cubano no aceptaba ciudadanos deportados desde territorio estadounidense.

Con la política “ pies secos/pies mojados”, Estados Unidos y Cuba acordaron que el primero recibiría a quienes tocaran tierra en su costa (pies secos) y el segundo, a quienes no lo lograran (pies mojados) porque las autoridades los interceptaban en el mar. Estados Unidos los retornaría a la isla, a menos que demostraran con solidez que eran perseguidos.

El fin de “pies secos/pies mojados” que anunció Barack Obama el 12 de enero de 2017 era parte de otro acuerdo entre Washington y La Habana, que dejaba ahora a los cubanos en las mismas condiciones que el resto de los migrantes. "Dando este paso, estamos tratando a los migrantes cubanos de la misma forma que tratamos a los migrantes de otros países”, dijo Obama en su declaración.

Una nota de prensa del DHS de ese mismo día abunda: "DHS también ha visto un aumento significativo en los intentos de cubanos de entrar a Estados Unidos sin autorización. Muchos de esos cubanos han tomado caminos peligrosos a través de Centroamérica y México; otros han ido a altamar en el intento peligroso de cruzar los Estrechos de Florida. Este aumento marcado en migraciones efectivas y en sus intentos ha sido impulsado en parte por la percepción de que [se abre] una ventana limitada antes de que Estados Unidos elimine las políticas de inmigración favorables a los cubanos. A la luz de estos factores, la secretaría de Seguridad Nacional ha determinado que es momento de ajustar las políticas de permiso especial para los cubanos”.

En su declaración oficial, Obama se refirió a esta medida como parte de los “pasos hacia la normalización” de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que había comenzado en diciembre de 2014 y que vio un hito en la visita de Obama a la isla el año siguiente. “El gobierno cubano ha acordado aceptar el retorno de los nacionales cubanos que tienen órdenes de deportación, de la misma forma como ha estado aceptando el regreso de migrantes interceptados en el mar”, agregó Obama.

Las deportaciones de cubanos, entonces, sí crecieron a partir del 12 de enero de 2017 y, por lo tanto, desde el comienzo del gobierno de Trump. Y durante toda su gestión han aumentado. Según datos de ICE, las deportaciones de cubanos subieron a más del doble en el año fiscal entre 2016 y 2017 y se dispararon 189% en el año fiscal entre 2017 y 2018. Y entre 2018 y 2019 las deportaciones siguieron aumentando, 254%, de 463 a 1,179 expulsiones. Las de 2019 son las últimas cifras disponibles de ICE.

Y una nota periodística del Miami Herald de septiembre de 2019, que firma Monique O. Madan pone otro dato en contexto: Cuba sigue teniendo la potestad para decidir si acepta o rechaza nacionales de su país expulsados desde Estados Unidos, sobre todo aquellos que salieron de la isla antes de que Obama finalizara la “pies secos/pies mojados”. El régimen, informó la periodista, tiene un plazo de 90 días para aceptar o rechazar a sus ciudadanos con orden de expulsión. Si no los acepta, ICE debe liberarlos bajo “supervisión”.

En ese mismo reporte, O. Madan informa de una de las deportaciones más grandes en la historia, que acababan de ocurrir en agosto de 2019: 120 cubanos en un mismo vuelo que el régimen cubano sí recibió. En marzo de 2020 pasó algo parecido. Según el portal de noticias CiberCuba , en marzo de 2020 ICE hizo otra deportación grande en un solo avión: 119 cubanos en un vuelo directo a La Habana desde Miami .

En mayo de 2020, informó también CiberCuba, la cifra acumulada de cubanos con orden final de deportación era de 41,339, de los cuales 681 estaban en centros de detención de inmigrantes, también según fuentes oficiales. Y en octubre, funcionarios de ICE dijeron a Newsy que había 1,800 cubanos detenidos, 58% de los cuales tienen órdenes de deportación.

Las garantías de un posible TPS para los venezolanos

"Hay aproximadamente 200,000 venezolanos en Estados Unidos que no pueden regresar a sus país por las condiciones allí (…). Con el TPS, estos venezolanos podrían trabajar y cuidar a sus familias aquí y a través de las remesas dar apoyo a sus familiares”.

"Hay aproximadamente 200,000 venezolanos en Estados Unidos que no pueden regresar a sus país por las condiciones allí (…). Con el TPS, estos venezolanos podrían trabajar y cuidar a sus familias aquí y a través de las remesas dar apoyo a sus familiares”.

El Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS por sus siglas en inglés) TPS es un programa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos vigente desde 1990, como una sección prevista dentro de la Ley de Inmigración de ese año. Beneficia a ciudadanos de países que están imposibilitados de regresar a ellos de forma segura, bien sea porque hay un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia u “otras condiciones extraordinarias y temporales”, según los criterios oficiales. Sus beneficiarios quedan protegidos de la deportación y de la detención por parte de las autoridades migratorias durante un plazo máximo de 18 meses.

Consultamos con la fuente del equipo de transición Biden-Harris de dónde sacó Mayorkas la cifra de los 200,000 venezolanos “que no pueden regresar a su país por las condiciones allí”. Nos remitió a una estimación de la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO en inglés), del 27 de junio de 2019, sobre los costos del proyecto de ley de TPS para Venezuela. “En total, alrededor de 200,000 personas recibirían el TPS con esta ley, estima CBO”, dice el informe. No dice cómo hicieron ese cálculo.

El senador demócrata Bob Menéndez, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también ha repetido esa cifra con otro detalle: “Alrededor de 200,000 venezolanos viven actualmente en Estados Unidos sin estatus legal. No son capaces de regresar de forma segura a su tierra y se beneficiarían del Estatus de Protección Temporal”. El senador no atribuye este dato a ninguna fuente.

Las cifras oficiales disponibles sobre venezolanos migrantes y refugiados son de Acnur -con reportes de esa agencia y del gobierno de Estados Unidos- actualizadas al 31 de diciembre de 2019, indican que 104,989 venezolanos tienen solicitudes de asilo pendientes en EEUU. Solo se han reconocido 15,706 refugiados. El asilo da garantías distintas al TPS.

Los posibles beneficiarios de un país designado para el TPS deben cumplir con unos requisitos que la USCIS aprueba. No se puede saber aún si todos esos “alrededor de 200,000 venezolanos” los cumplirían.

Lo dice su nombre: la protección de este programa es temporal, por seis, 12 y 18 meses. Como explica USCIS, sus beneficiarios pueden obtener un permiso temporal de trabajo ( employment authorization document, EAD).

Esto no significa, sin embargo, que sus beneficiarios tienen garantizada de forma automática su residencia legal permanente o cualquier otro estatus migratorio en Estados Unidos, aclaran los lineamientos de USCIS. Pero sí pueden “solicitar cualquier otro beneficio o protección migratoria para la que pueda calificar”.

Cuando expira el plazo del TPS, quienes fueron sus beneficiarios regresan a su estatus migratorio anterior, “a menos que el estatus haya expirado o la persona haya adquirido con éxito un nuevo estatus migratorio”, detalla un documento explicativo del American Immigration Council.

Para que los ciudadanos de un país puedan optar a la protección del TPS, el gobierno federal debe designar primero a ese país para el estatus de protección. Biden ha prometido que otorgará un TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos cuando sea presidente. Hay un proyecto de ley, el Venezuela TPS Act of 2019, en cuyo texto se permite que los ciudadanos de Venezuela califiquen para esta protección. El proyecto está detenido en el Senado, todavía de mayoría republicana. Pero el gobierno federal tiene la potestad de hacer por su cuenta la designación de Venezuela como país beneficiario de un TPS. Y como nos explicó Stephen Legomsky, también profesor de la Universidad de Washington en Saint Louis, basta con la voluntad de la administración para hacerlo.

Es el secretario del DHS el que, en efecto, está facultado para hacer la designación de un país para que reciba el TPS. La ley de 1990 lo autoriza a decidirlo a discreción, "siempre que las condiciones del país de origen hagan que sea extraordinariamente peligroso regresar", dice Legomsky. Y no se requiere que el presidente la autorice. "Una vez que el secretario de Seguridad Nacional decide designar a un país en particular, entonces entra en vigencia el TPS. Es a discreción única del secretario de Seguridad Nacional y, de hecho, la decisión ni siquiera se puede impugnar en los tribunales. Una vez que el secretario designa, lo único que queda entonces es el proceso de las solicitudes individuales [en la oficina de USCIS]", añadió.

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La negativa de Trump a designar un TPS para Venezuela

"El TPS para venezolanos tiene un apoyo bipartidista en el Congreso. Aún así, Trump lo ha rechazado, negando a los venezolanos esta protección tan básica”.

El 15 de enero de 2019, el representante demócrata Darren Soto y el representante republicano Mario Díaz-Balart, los dos de la Florida, introdujeron en el Congreso el proyecto de ley TPS Venezuela 2019 para permitir que los venezolanos califiquen para este programa de protección. El Congreso lo aprobó el 25 de julio de 2019 y el Senado lo recibió cuatro días después y lo refirió a su Comité Judicial. El 15 de julio de 2020 fue la última acción de este proyecto de ley en el Congreso, según gov.track.

Pero en septiembre pasado, el senador Menéndez pidió ante el Senado, de mayoría republicana, “el consentimiento unánime para que el Comité Judicial sea liberado de la consideración” de ese proyecto de ley “y el Senado proceda a su consideración inmediata”. “Además –requirió Menéndez- que el proyecto de ley sea considerado, leído por tercera vez y aprobado y que la moción para considerarlo sea hecha y puesta sobre la mesa sin intervención o debate”. La nota de prensa de la oficina de Menéndez que reseñó esta intervención dice que “senadores republicanos bloquearon” este proyecto de ley “por quinta vez en los últimos 18 meses”. El senador demócrata Dick Durbin dijo algo parecido: que los senadores republicanos “bloquearon la propuesta de acelerar el proyecto de ley”.

En marzo de 2019, un grupo de 24 senadores -23 demócratas y uno republicano, Marco Rubio- dirigieron una carta al presidente Trump en la que le “exigían respetuosamente” que su administración designara el TPS a los venezolanos. La peticion finalmente tuvo una respuesta, en julio de ese año, del director en funciones de la USCIS, Ken Cuccinelli.

Aunque en la carta Cuccinelli no dijo de forma explícita que rechazaba la petición, tampoco dijo que aprobaría el TPS, sino que continuarían “monitoreando la situación en Venezuela”. El funcionario remitió a otras “medidas de alivio disponibles para los venezolanos afectados actualmente por la situación en Venezuela”.

El presidente Trump ya ha tomado medidas para cancelar el TPS, en 2018, a personas sin documentos de Nicaragua, El Salvador, Haití y Sudán que se beneficiaban de este estatus. Y un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito sentenció el 14 de septiembre que el programa termina en enero de 2021 para unas 300,000 personas de esos países, una confirmación de la decisión de Trump. Según abogados de inmigración consultados por Jorge Cancino de Univision Noticias, la Corte Suprema de Justicia tendría que intervenir antes del 4 de enero del 2021, cuando expiran los permisos de trabajo de estas personas, para evitar su deportación.

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