Proponen programa de asistencia legal para inquilinos en proceso de desalojo
Imagen de archivo mayo 1, 2019.
Crédito: KMEX
Este martes 21 de mayo la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles incluyó en su agenda expandir los servicios de defensa jurídica a los inquilinos en procesos de desalojo.
La supervisora Sheila Kuehl, que entre otros ha defendido las medidas de control de alquileres, recomendó analizar los datos locales de desalojo y los programas de defensa legal existentes con miras a implementar alguna forma de asistencia legal para fines de 2020.
Además Kuehl advirtió que la mayoría de los angelinos vive cheque a cheque, y cualquier crisis financiera inesperada podría deja a las familias sin recursos y sin hogares.
"No es suficiente proporcionar vivienda y servicios a las personas sin hogar (...) también debemos evitar que las personas se queden sin hogar en primer lugar", agregó el supervisor Mark Ridley-Thomas.
El pasado 1 de mayo, dos nuevas mociones fueron presentadas por el concejal Paul Koretz, con el fin de ofrecer representación legal a los inquilinos en proceso de desalojo.
Las propuestas de Koretz requerirán sobre 5,000,000 de dólares del fondo presupuestario del condado para su ejecución, con la previa aprobación de la Junta de Supervisores del condado.
Si bien Los Ángeles es una de las 14 ciudades del estado de California con control de rentas, el Condado angelino ocupa el primer lugar de la lista de desalojos de la región.
De acuerdo con un reporte de la organización Tenant Together del año 2018 reveló que en California se realizan en promedio unos 160,000 desalojos al año. Además, el informe indicó que las leyes actuales permiten a los dueños de propiedades desalojar a inquilinos sin pruebas razonables para sacarlos de las propiedades.
Y dentro de los números estatales, Los Ángeles tiene un promedio anual de desalojos de 50,000 casos lo cual representa sobre el 30% de desalojos del estado y coloca al condado en el primer lugar, seguido por San bernardino con un promedio de 13,000 procesos, Riverside con 11,000, seguidos por y San Diego y Orange con unos 10,000 casos cada uno.
En su mayoría los desalojos proceden en períodos de 30 días, lo cual es un indicador de procesos muy rápidos. Pero además al verificar las razones de la celeridad de las descupaciones forzadas, se encontró que los inquilinos no responden a las notificaciones legales por desconocimiento e incluso por no llenar correctamente los formularios.
Otros factores perjudiciales para los inquilinos fueron el desconocimiento de sus derechos, desconocimiento de la ayuda disponible y falta de servicios de asesoría legal multilingua.
