Se ausenta el municipio de San Juan a vista pública sobre venta de parque público en Condado
Las comisiones de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas y la del Desarrollo y Fiscalización de los Fondos Públicos de la Capital de la Cámara de Representantes iniciaron la investigación sobre la venta y t rámite de permisos para la construcción de un edificio en un solar enclavado en lo que fue un parque comunitario en Condado con la ausencia del municipio de San Juan.
Ambas comisiones citaron a los portavoces de las comunidades aledañas al parque Borinquen y a diferentes agencias de gobierno, incluyendo al municipio de San Juan, que envió una comunicación excusándose de la vista.
Ante esto, el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz expuso que el ayuntamiento municipal será citado so pena de desacato para que comparezcan en la próxima vista pública.
Asimismo, el arquitecto y urbanista Pedro Cardona Roig confirmó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) nunca fue dueño legítimo del parque y, por lo tanto, no tenían la capacidad para venderlo a las corporaciones Krug Properties LLC y Bayola Ventures por 145 mil dólares (equivalente a 810 el metro cuadrado), con el objetivo de construir un condominio residencial de hasta 12 plantas.
Cardona Roig expuso que “el parque está actualmente inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del municipio de San Juan desde 1972, como parte de la finca 13,818. “En efecto, el DTOP no es el dueño de este parque, sino el municipio”, afirmó.
Mientras, el DTOP indicó que recibió la solicitud formal para la adquisición del terreno en el año 2019. Entonces, el 3 de julio de ese año pidió al Registro de la Propiedad inscribir el terreno a nombre del gobierno, porque “no existía evidencia que acredite el dominio a persona, entidad o agencia alguna”.
La solicitud del desarrollador fue sometida ante el Comité Evaluador de Disposición de Bienes Inmuebles (CEBI). En la vista trascendió que, el 17 de septiembre de 2020, el Comité recibió la transacción. En ese momento, CEBI estaba compuesto por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
La exdirectora ejecutiva de CEBI, Sylvette Vélez Conde, dijo que el Comité aprobó por mayoría la transacción. Los funcionarios que votaron a favor fueron el actual secretario de Estado, Omar Marrero, y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy Rivera.
En tanto, vecinos del Condado, entre ellos el portavoz de la comunidad, Amaury Rivera, destacó que el espacio -de unos 179 metros cuadrados- ha sido por años de recreación para los residentes de la zona. “Estamos muy indignados. Le han quitado el parque a toda una comunidad. Los parques no se venden y ahí se cometió claramente un crimen, por lo que procederemos a realizar una demanda”, adelantó.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Transportación, José Aníbal Díaz Collazo, dijo que “esto es un tema importante y queremos con los trabajos de estas vistas públicas aclarar los detalles para el bien de todos y, en específico, de las comunidades aledañas al parque. La información que hemos recibido hoy es clave y seguiremos trabajando para buscar esclarecer la situación”.
Torres Cruz advirtió que “todo aquel que haya cometido irregularidades, deberá responder ante la Cámara de Representantes, el pueblo y la comunidad de Condado”.
Postura del municipio de San Juan
Respecto del caso, el municipio de San Juan emitió un comunicado en el que señala que “de acuerdo a los archivos pertenecientes al municipio, no existe ningún documento que establezca que esa propiedad fue registrada o matriculada a favor del municipio de San Juan”.
En cambio, agrega, de los registros existentes la propiedad en cuestión fue matriculada “por el Departamento de Transportación y Obras Públicas en el año 2019 y fue vendida al actual titular en febrero de 2021”.
“Cabe aclarar que de la información que obra en los archivos del municipio, para el año 1952 se hicieron unas expropiaciones para lograr la conexión de la avenida Ashford con la calle McLeary. En aquel entonces, el municipio procedió a vender a manos privadas los predios remanentes que sobraron después de dicha construcción”, añadió el escrito.
“Sobre el predio de terreno de referencia, su titularidad nunca fue registrada por el municipio de San Juan a su favor. En cambio, durante la administración anterior de la alcaldesa Cruz Soto, en el 2019, cuando ocurrió la inscripción de titularidad a favor del DTOP, se pudo haber levantado algún argumento antes de que el gobierno estatal procediera a registrar dicho terreno, pero tampoco se hizo”, argumenta.
Y concluye: “Por lo tanto, al día de hoy, el municipio nunca tuvo ni tiene titularidad debidamente registrada sobre dicho terreno… Estaremos solicitando a la legislatura municipal de San Juan que investigue todas las acciones y roles que tuvo el municipio en 2019 cuando el gobierno estatal lo reclama como suyo”.
