Piden aprobar proyecto de ley para impedir construcciones en las costas de Puerto Rico
La presidenta de la organización ecologista Amigas del MAR, Elga Uriarte, informó hoy que en el 36% de los municipios que dan al mar se está construyendo en las costas.
Por ello, la vocera expresó que urge la aprobación de un proyecto de ley que enfrente “los retos que ya hoy son palpables en los litorales costeros de todo el archipiélago”.
Amigas del MAR es una organización ecologista fundada en 1995, que trabaja activamente por proteger los espacios naturales de Puerto Rico y las comunidades en que cohabitan estos, fomentando la justicia climática.
Investigan dónde se construye
El pasado abril, la organización realizó un formulario en línea para conocer donde se está construyendo en las costas del país y sus resultados arrojaron que en el 36% de los municipios costeros ocurre esta situación.
“Somos consistentes que son muchos más. Y que en algunos municipios la amenaza está representada por múltiples factores entre venta y propuesta de construcción, a lo que añadimos que en la mayoría de estos casos ni siquiera se han otorgado permisos cuando ya el daño se ha hecho y la impunidad por aumentar la vulnerabilidad de todo el país brilla con todo su esplendor”, denunció.
Advirtió que la construcción desordenada afecta el hábitat de una gran cantidad de especies de flora y fauna costera, lo que incluye especies en peligro de extinción y protegidas.
“Son espacios que nos pertenecen a todas las personas, pero a nadie en particular por ser bienes inalienables. Y más aún, en la primera gran línea de defensa ante el aumento del nivel del mar y el aumento de intensidad de los fenómenos naturales como huracanes y marejadas como consecuencias del cambio climático acelerado. Esto tiene que detenerse de inmediato!”, puntualizó Uriarte.
Expresiones ante la Comisión de Recursos Naturales
Las expresiones de Uriarte se dieron ante la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, que realizó hoy una audiencia pública sobre el proyecto de la Cámara 116, con el fin de crear la “Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costanera” y establecer el alcance y la duración de la moratoria, así como para decretar otras disposiciones complementarias.
“Esta moratoria de construcción ayuda a frenar el impulso de querer reconstruir con rapidez, lo que puede desembocar, en algunas ocasiones, en construcciones indeseadas. Además, es una herramienta para reducir la vulnerabilidad física y social de las comunidades costeras de la isla”, sostuvo el autor de la medida, Denis Márquez Lebrón.
“Ante la ausencia de un instrumento jurídico que recoja nuestra experiencia, aspiraciones, preocupaciones y perspectivas sobre el futuro de nuestras costas, y ante la continua edificación de estructuras, legales o ilegales, en la costa de diversos municipios, entendemos que es necesario establecer una moratoria en la construcción en la Zona Marítimo-Terrestre y áreas adyacentes”, añadió.
Huracán María aplanó las playas
La exposición de motivos de la medida resalta que, tras el paso del huracán María, el equipo de la Red de Playas de Puerto Rico y el Caribe, y el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, adscrito a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, realizaron un estudio donde se estableció como hallazgo principal que dicho fenómeno atmosférico aplanó gran parte de las playas de la isla.
El estudio señaló que el huracán presentó un doble efecto sobre la extensión de las playas. Se identificó un aumento en la extensión en el plano de playa (playas más anchas), mayormente localizadas en la costa noreste de Puerto Rico.
Por otro lado, se detectó una reducción de extensión de playa (erosión), mayormente en playas localizadas en la costa sureste, norte central y noroeste de Puerto Rico.
Permisos requieren análisis
Por otro lado, el ayudante especial del DRNA, Samuel Acosta, expresó que desde el paso de los huracanes en el 2017 hasta el presente, han recibido muy pocas solicitudes de concesiones para realizar algún tipo de actividad en los bienes de dominio público marítimo terrestre y los permisos que se han otorgado han sido principalmente permisos de emergencia, aplicables por excepción en casos donde la vida, seguridad y propiedad se han visto amenazados.
“Los permisos ordinarios, para ser otorgados, requieren un exhaustivo análisis ambiental, llevando a cabo por personal técnico muy especializado del DRNA, previo a la concesión”, sostuvo Acosta, quien dijo que el departamento entiende que los objetivos y aspiraciones de la medida ya son atendidos por el ordenamiento jurídico vigente, en el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales.
No obstante, el DRNA reconoce que dicho proyecto es loable y concurre con la importancia del asunto que plantea.
Con información de Inter News Service.
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